La intimación realizada a los Registradores de Títulos mediante acto de alguacil por el Procurador General para que no procedan a levantar las notas de advertencias autorizadas mediante la resolución número 4012-2014 del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, carece de fundamento legal y viola la Constitución y el Código Procesal Penal
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